Estos artículos tratan de construir aportaciones desde la bioconstrucción a un nuevo modelo de rehabilitación energética con incidencia en la ecología y la pobreza energética. Están basados en dos tesinas de fin de máster del Instituto Español de Baubiologie.

 

Palabras clave: rehabilitación energética, pobreza energética, gestión social

 

Entradilla

 

La rehabilitación energética puede y debe sustentarse en un nuevo modelo, que valore las cuestiones sociales, medioambientales y de salud desde una óptica largo plazo e independiente de los intereses de la industria. Se han de poner en valor los principios de la bioconstrucción y de la gestión social participativa del hábitat. De esta manera se conseguirá caminar de manera resiliente en la transición hacia un modelo energético eficiente, socialmente justo, participativo, medioambientalmente sostenible y sano. Es preciso que este modelo se ajuste a los contextos vulnerables y que considere todos los costes de los procesos, desde los directos a las externalidades sanitarias y medioambientales.

 

En la esfera económica y política, es el momento de apostar por un cambio hacia una fiscalidad y una fiscalización redistributivas, ecológicas y saludables. Además se puede fomentar el empleo desde la inversión en y el fomento de materiales ecológicos y producidos localmente, las intervenciones progresivas sostenidas y empleo asociado a la rehabilitación.

 

Introducción

 

Desde los años cincuenta hasta finales de los setenta del siglo veinte se construyeron en la periferia de las grandes ciudades del Estado español (nuestra investigación se ha centrado particularmente en la madrileña) un gran número de viviendas sociales destinadas a albergar a la creciente población migrante. Estas barriadas presentan en la actualidad una doble problemática: la exclusión social y la inadecuación de muchas construcciones a las condiciones de habitabilidad mínimas.

 

Pese a los anteriores planes en materia de eficiencia y habitabilidad el déficit de habitabilidad de las viviendas de esta época continua: problemas de accesibilidad, aislamiento térmico y acústico exiguos, carpinterías ineficientes, humedades o problemas de estanqueidad.

 

Asimismo y relacionada con la eficiencia, la pobreza energética es uno de los factores de exclusión social en los barrios con menos recursos e igualmente fuente de problemas de salud. La realidad de la periferia se suma a una problemática similar en otras zonas vulnerables, como las viviendas antiguas de los centros históricos, aunque su especificidad implica contar con un acercamiento diferenciado.

 

Esta situación supone un enorme potencial de ahorro energético si se rehabilita el parque existente, así como una posible fuente estable para el empleo. Sin embargo, los diferentes modelos que se han propuesto desde las instituciones hasta la fecha no han tenido en cuenta consideraciones medio-ambientales o de salud más allá de la mera medición de la eficiencia térmica edificatoria. Por tanto, se vuelven necesarios análisis y propuestas desde la óptica de la bioconstrucción, que permitan afrontar desde postulados alternativos y sostenibles lo que podría convertirse en la principal actividad del sector en los próximos años. Por otro lado, estas iniciativas no han contado con un enfoque diferencial para abordar la realidad de la pobreza energética, absolutamente necesario como veremos más adelante.

 

Pobreza energética

 

Se puede definir la pobreza energética como la incapacidad de un hogar para satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas domésticas o cuando esta satisfacción es excesivamente costosa. Se suele utilizar como umbral del 10% de los ingresos familiares. Con este criterio se estima que en el Estado español habría 7 millones de personas en esta situación (un 15% de los hogares en 2014) [1]. El mismo año, 5 millones de ciudadanos se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno (un 11%). Esto situaba a España como el cuarto país europeo con mayor número de ciudadanos declarando dicha incapacidad. La pobreza energética está relacionada con un mayor riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares, problemas de peso en bebés y salud mental, especialmente en grupos de riesgo [2]. La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) estima que la pobreza energética podría causar anualmente más muertes prematuras que los accidentes de tráfico (entre 2.400 y 9.600 fallecimientos anuales).

 

Desde un punto de vista técnico-constructivo, el aislamiento insuficiente, la existencia de puentes térmicos, la falta de estanqueidad y los materiales de elevada resistencia a la difusión y mala higroscopicidad favorecen la aparición de estas patologías constructivas, especialmente en invierno, que a su vez pueden provocar cuadros clínicos como alergias y micosis. La ACA estima que en España 7,8 millones de personas viven con goteras y humedades.

 

Contextos vulnerables y amortización

 

En estos contextos en los que se da la pobreza energética se hace preciso ser cautos a la hora de vender las bondades del ahorro a largo plazo de una intervención de rehabilitación, no porque no se dé, sino porque se da de manera más atenuada, ya que las personas se auto restringen la utilización de la energía, por lo que los cálculos de demanda al uso no sirven. Lo que sí que se da es una impagable mejora del confort y de las condiciones de habitabilidad, por tanto de la salud.

 

Dicho esto, si continuamos con un enfoque convencional y basándonos tanto en el trabajo llevado a cabo por WWF de un caso concreto [3], estimamos que en un contexto de pobreza energética, la mejora de la fachada a través de un Sistema de Aislamiento por el Exterior (SATE) supondría un ahorro de unos 1800 kWh/viv/año, lo que llevaría a un tiempo de amortización aproximado, con los precios actuales de la energía, de 24 años en el caso de un sistema de aislamiento exterior con poliestireno, de 28 años con uno a base de lana de roca y de 29 años en el caso de la fibra de madera.

 

Por tanto, es necesario cambiar el enfoque en estos contextos. No es un el ahorro en el tiempo, tal y como han venido promulgando los distintos planes de rehabilitación, lo que va a incentivar a pedir ayudas a quien no tiene con qué pagar la energía ni invertir en rehabilitación.

 

Eficiencia energética de todo el proceso

 

Por otro lado, en la actualidad ya no es sostenible seguir teniendo en cuenta sólo los costes directos (finales) sino el balance energético completo del edificio es decir las externalidades de todos los procesos. Así podríamos decir que:

 

Coste real: Cm + Cd + Ca + Cs

 

En donde Cm sería el coste convencional, la extracción de las materias primas, la fabricación y los intermediarios, incluido el beneficio industrial. Cd sería los costes que conllevan la durabilidad diferencial y el mantenimiento. Ca sería el coste de la repercusión medioambiental: tasa de no renovación de materias primas, consumo de agua, contribución al efecto invernadero, consumo de energía en la fabricación, reducción de la biodiversidad (eutrofización de las aguas, reducción capa de ozono, oxidantes fotoquímicos, contaminación de los suelos…), y coste de gestión de los residuos. Cs sería el coste de los problemas de salud asociados directos e indirectos (pérdida de calidad o esperanza de vida).

 

Un análisis riguroso de la eficiencia real nos alerta de que los costes de las externalidades pueden ser muy elevados para la sociedad actual y futura.

 

El modelo convencional de rehabilitación energética

 

Habitualmente las administraciones públicas se han limitado a facilitar las operaciones de rehabilitación con subvenciones para las mismas, es decir, facilitando el acceso al mercado de quien tuviera la iniciativa para rehabilitar y las capacidades para afrontar parte de la obra. Es el caso de la ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas. Y ni siquiera se han utilizado otros mecanismos de financiación de carácter multiplicador como en otros países, con muchos mejores resultados [4].

 

Debemos tener en cuenta que la rehabilitación energética no es tan sólo una mejora constructiva. Estamos modificando la ciudad y por lo tanto, lo físico, lo político y lo social se pone en juego. En este sentido, la carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles, de la UE, sintetiza sus contenidos en dos grandes marcos: el desarrollo urbano integrado y la vinculación entre la sostenibilidad urbana y la intervención en áreas desfavorecidas, desde un punto de vista socioeconómico y de cualificación ambiental de los barrios.

 

La consecuencia de intervenir con planes poco integrales ha sido que muchas de las obras realizadas no han servido para mejorar de manera sustancial los barrios, sino de manera aleatoria y en ocasiones anárquica, dejándose en ocasiones a las comunidades de vecinos en manos de las empresas constructoras y los administradores de fincas, sin mayor asesoría, lo que ha llevado a mejoras de habitabilidad muy desiguales [5].

 

Además, las operaciones de rehabilitación desarrolladas en la primera década del siglo se han dado en un marco de bonanza económica que de alguna manera repercutía incluso en estas zonas vulnerables. Las personas tenían ahorros y trabajo. En la actualidad estos valores se han dilapidado en resistir una crisis que azota especialmente a las clases vulnerables.

 

En definitiva, necesitamos modificar la actual situación con respecto al acceso a la vivienda y la situación de precariedad energética del parque edificado proponiendo modelos originales que fuercen el cambio hacia lo social y lo medioambiental.

 

Estrategias económicas de financiación, fiscalidad, soberanía energética y salud pública

 

Estas propuestas, generadas desde la sensibilidad social y medioambiental, creemos que pueden contribuir a la mejora de la rehabilitación de los barrios que más lo necesitan así como a contribuir a la consecución de la soberanía energética de ciudades y habitantes. La mejora de la calidad de la vivienda para casos de pobreza energética debe ser una prioridad derivada del derecho a una vivienda digna, recogido en la carta de derechos humanos y en nuestra constitución, y esto debe atravesar cualquier modelo de rehabilitación que se proponga.

 

Por un lado, en el nivel de la financiación, como ya proponen otras entidades, se ha de utilizar baterías de medidas diversificadas (modelos mixtos), para que la inversión pública necesaria en los primeros años sea más eficiente y se genere empleo estable en el sector durante décadas [2 y 6]. En este sentido, sería conveniente superar un modelo poco original basado casi exclusivamente en la subvención pública directa, para apostar por otro mucho más diverso, con banca pública y/o ética, acuerdos con empresas energéticas y préstamos a través de impuestos como el IBI, entre otras medidas.

 

La pobreza energética ha de entenderse como un problema de salud pública y no particular, lo cual debe encauzar los planes de rehabilitación. Se pueden implementar sistemas de medición de salud específicos para contextos en los que se haya identificado la problemática, con un seguimiento sanitario y social de cercanía, en paralelo a los sistemas de ayuda a la rehabilitación, que permitan dirigir las inversiones en edificación hacia quien más lo necesita. La pobreza energética es un hecho complejo. Es preciso enriquecer su definición en términos socioeconómicos con las cuestiones técnicas (patologías edificatorias) y sobre la salud (por ejemplo, ampliando el concepto de Síndrome del Edificio Enfermo para añadir las dolencias y enfermedades asociadas a la pobreza energética), para completar su significado y aclarar las vías y medidas de solución. Un estudio sobre el programa WarmHomes en Irlanda del Norte indicó que el 42% de lo invertido ha retornado a las arcas públicas en forma de ahorros para el sistema nacional de salud.

 

Además, es necesaria una modificación de las medidas impositivas y de alivio de la factura. No tiene sentido aquí la reducción de impuestos como el IBI a las viviendas más eficientes en función de su calificación energética, precisamente porque las peores viviendas en términos energéticos son las habitadas por personas con menos recursos y sin embargo no suelen ser las más derrochadoras. Proponemos que se utilice el consumo real total por persona y que se amplíen los requisitos para el bono social, en función de la renta per cápita de la unidad familiar y la puesta en marcha de mecanismos de control por parte de los servicios sociales.

 

Eficiencia energética y ecología

 

Planteamos que se evalúe la eficiencia de la edificación de manera global y no sólo como eficiencia del usuario final (como en las certificaciones energéticas actuales) como requisito para cualquier proyecto que cuente con dinero público.

 

Para ello es necesario introducir los balances completos y externalidades en los programas de incentivos, las subvenciones, la fiscalidad (impuesto de sociedades…) y en el impuesto sobre el valor añadido, de manera que se fomente un nuevo sector de la construcción basado en una economía verde y local y una nueva (re)generación de materiales. La administración debe incluir esto en las adjudicaciones públicas, de manera que se valore el menor impacto ambiental posible de los proyectos. Por ejemplo, se podría incluir bonificaciones según el cociente entre energía gris y energía real ahorrada durante la vida útil.

 

Esto nos llevaría hacia una verdadera eficiencia energética en el proceso edificatorio, a través del análisis de ciclo de vida, y un nuevo concepto de amortización, a través de la medición real de las actuales externalidades en el medioambiente, los recursos y en la salud de las personas.

 

Estas medidas deberían de venir acompañadas de una modernización y actualización del sector de la construcción, mayoritariamente anclado en una lógica industrial desfasada y energéticamente deficiente. El sector ha de ir poco a poco pasando a un esquema de economía circular. Un comienzo importante sería la introducción de criterios de bioconstrucción en la normativa. Proponemos un nuevo Código Técnico de la Edificación con sensibilidad a los métodos y la huella de producción y que fomente la recuperación de técnicas tradicionales así como el uso de sistemas innovadores de probada eficacia y durabilidad basados en la utilización de materiales naturales. Precisamente, en lo relativo a los materiales, como en otros sectores, es obligatorio la aplicación siempre del principio de precaución en la salud, cuestión en la que se lleva un gran retraso en el sector.

 

Además, se puede fomentar la recuperación de oficios tradicionales, el conocimiento constructivo crítico y la producción a pequeña escala a través de estos materiales. Para ello es necesaria la modificación de la Ley de Contratos de las AAPP para la introducción de condiciones asequibles para las PyMEs en los pliegos, que además incluyan cláusulas para incentivar la economía verde y local y la creación de Empresas Públicas Contratistas que puedan ejecutar parte de la obra pública, contratando a las empresas de manera directa, de forma que se eliminen los enormes beneficios obtenidos por la subcontratación.

 

Es preciso el desarrollo del sector de la fabricación de materiales aislantes naturales ecológicos y de producción local. No hay razón para que no se puedan fabricar aislantes de origen vegetal o animal en los diversos climas de la península (corcho, paja, celulosa, cáñamo, lana de madera….). Es ineludible la voluntad política e la inversión en I+D+I dentro de un marco de desarrollo verdaderamente sostenible.

 

Gestión social y derecho a la ciudad

 

La gestión social del hábitat, el empoderamiento ciudadano y la sistematización de experiencias exitosas son elementos de gran utilidad de cara a un nuevo modelo. El objetivo es establecer estrategias de desarrollo sostenible integrado para ciudades y barrios, en este caso a partir de la rehabilitación. El elemento central es incrementar la capacidad de resiliencia de las comunidades para hacer frente a situaciones críticas como la pobreza energética. Se trata de establecer las bases de una nueva política de revitalización de barrios basada en un modelo de cogestión entre iniciativa social y administración pública.

 

Es necesario abordar la producción del hábitat desde una perspectiva compleja que abarque el interés de todos los actores con programas progresivos adaptados a la realidad local. Para ello, es central la mejorar los mecanismos actuales de participación en la transformación de la ciudad, pasando de la no-participación hasta el control por los ciudadanos de los aspectos gerenciales y de negociación.

 

Proponemos además estructuras de cooperación para la reducción de situaciones de vulnerabilidad (resiliencia), fomentando la organización comunitaria y la creación de instrumentos como cooperativas y grupos de consumidores, como herramientas para la lucha contra la pobreza y otras situaciones críticas. Esto es igualmente válido para céntricos de las ciudades, en los que se puede organizar a las comunidades de vecinos por calles o manzanas. Para ganar en independencia y soberanía en cuestiones energéticas, se vuelve inevitable la implementación de sistemas energéticos de escala ampliada, ya sea comunitaria o barrial (District Heating & Cooling), mediante la remunicipalización de la energía térmica o mendiante sistemas comunitarios. Es decir, las intervenciones de mejora energética de barrios y distritos deberían optar siempre que sea posible por dotarlos con redes centralizadas de energía renovable, aunando las energía verdes y la independencia energética con una reducción del coste de la energía, tanto para los consumidores como para las arcas públicas, como está extendido en Alemania, Polonia, Francia, Austria, Italia, Dinamarca o los países escandinavos (ver caso de Orcasitas en Madrid en https://www.youtube.com/watch?v=c2pLPgzSZ6M).

 

Como se ha comentado más arriba, estos planes deberían impulsar el empleo asociado a la rehabilitación y la economía de barrio, mediante la Introducción de actividades económicas adaptadas a la pequeña empresa local con soluciones constructivas y tecnológicas adecuadas, iniciativas de formación y empleo para e la inclusión de cláusulas sociales y criterios de sostenibilidad en las licitaciones de obras de rehabilitación.

 

De manera puntual, temporal o preventiva, se pueden añadir en los programas dispositivos de microeficiencia energética y sanitaria: Asesoramiento en los contratos de suministro, cambio de bombillas y otros aparatos, mejora de ventanas y de la estanqueidad, monitorización, medidas de ahorro de agua o dispositivos bioclimáticos de bajo coste.

 

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Bibliografía

 

[1] ACA. «Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis». Asociación de Ciencias Ambientales, 2016.

[2] Marmot Review Team. «The health impacts of cold homes and fuel poverty» Friends of the Earth & the Marmot Review Team, London, 2011.

[3] WWF. «Lecciones aprendidas Proyecto Piloto de Rehabilitación Energética de un proyecto Residencial en Madrid» WWF/Adena, 2015.

[4] WWF. «Retos y oportunidades de financiación para la rehabilitación energética de viviendas en España» WWF/Adena y Climate Strategy & Partners, 2012.

[5] FRAVM. San Cristóbal de los Ángeles. Experiencia singular de revitalización de un barrio de la periferia madrileña. Editado por FRAVM. 2011.

[6] Pollin, Robert, Shouvik Chakraborty, y Heidi Garrett-Peltier. «Un programa quitativo de inversión en energías limpias para España.» Departamento de Economía, Political Economy Research Institute (PERI). University of Massachusetts-Amherst , 2015.