El enfoque de salud pública se basa en la relación compleja entre causas y orígenes de las patologías (determinantes) y las afecciones a la salud que comportan. Esta complejidad demanda un análisis multicausal y multifactorial que es necesario abordar desde distintas escalas o ámbitos de interacción, siempre desde la asunción de que esa categorización no es estanca y sus límites difusos. Por otro lado, es preciso separar —de nuevo de manera artificial— aquellos determinantes que presentan una naturaleza ambiental muy definida por el ámbito físico-espacial —y por tanto más fácilmente mensurables y objetivables por las herramientas tradicionales de la arquitectura y el urbanismo— de aquellos cuyos fundamentos son más dependientes de los condicionantes políticos, sociales, económicos y/o culturales, para los cuáles es necesario dotarse de otras disciplinas, metodologías y marcos de análisis, a menudo fuera de nuestra profesión, pero que cada vez se hace más necesario integrar.
Este enfoque parte de que, a la hora de querer modificar un determinante concreto —porque, por ejemplo, sabemos que produce tales afecciones a la salud—, automáticamente se hace necesario el análisis de su relación con el resto de escalas, más amplias o más pequeñas, y con todos los aspectos socioeconómicos y políticos que lo rodean. Es decir, no tiene sentido querer reducir la tasa de mortalidad en invierno (derivada de enfermedades respiratorias, por ejemplo, es decir de las afecciones a la salud) producida por un inadecuado confort higrotérmico (determinante físico) sin analizar en qué situación socioeconómica están sus habitantes, cuál es la accesibilidad a los servicios energéticos, en qué situación física y social se encuentra el barrio en el que se da esa problemática, etc. Un ejemplo en esa misma línea son los esfuerzos que están tan en boga en la actualidad de mejorar la calidad del aire interior de los espacios cerrados, que de poco servirá si tenemos ciudades con concentraciones de CO2 y otros contaminantes por encima de los aconsejados, lo que está directamente relacionado, entre otros, con la gestión de la infraestructura verde, la reducción del tráfico rodado o el mantenimiento de la biodiversidad tanto en los entornos urbanos y periurbanos como rurales. El acceso a la vivienda es un ejemplo más que ilustra bien cómo una cuestión de gestión política ligada a la arquitectura y el urbanismo impacta enormemente en la salud de nuestra sociedad, llegando a producirse importantes niveles de estrés o incluso suicidios en caso de desahucio. Un caso más claro y también en la palestra es el señalamiento de la toxicidad y la alta contaminación que producen algunos materiales —en el uso, fabricación, reciclaje, deshecho, transformación…— para los usuarios y trabajadores y que, pese a las evidencias, no parece que trascienda el ámbito de la decisión última del usuario final, sin poner en duda el papel que tiene la normativa —es decir la administración, a través de leyes o de reglamentos para las licitaciones— o de la industria. Ampliar la escala de observación se hace necesario para llegar a soluciones integrales a los problemas de salud de manera más eficaz, eficiente y justa.
Bajo esta óptica, cualquier toma de decisiones se puede estructurar por una serie de ámbitos interrelacionados, que abarcan el entorno inmediato, el entorno comunitario o barrial, el entorno urbano o político (aquí entendido como la gestión de la polis) y el ecosistema o medio ambiente en el que se inserta la ciudad.
